Como está planteada, esta normativa limitará la generación de fianzas y reducirá el número de reaseguradoras existentes en el país, mecanismos que actualmente garantizan al Estado la capacidad de desarrollar planes de infraestructura y de cubrir riesgos catastróficos nacionales, tales como un terremoto o siniestros como los ocurridos en Vargas en 1999 y en el 2005.

Siguiendo el análisis técnico-legal del Proyecto de la Actividad Aseguradora (PLAA), la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) alerta a los venezolanos y al Estado acerca del impacto que pueden tener los Art. 40, numeral 25, Art. 73, Art. 130, Art 160, Art. 40 numerales 6 y 7, Art. 78, Art 81 y la Disposición Final Primera de esta nueva versión de la normativa, los cuales establecen que el límite para la emisión de fianzas será de hasta el máximo del monto del capital pagado, con restricciones significativas en el acceso al reaseguro.

"Esta condición limita la oferta de fianzas, donde el mayor perjudicado será el propio Estado y las instituciones públicas, quienes requieren del mayor número de fianzas y de montos más elevados que van dirigidos a garantizar la inversión en grandes proyectos de infraestructura nacional, según la Ley de Contrataciones Públicas, y lo cual afectaría el desarrollo del país", destacó Alesia Rodríguez Pardo, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela.

Con relación a esto Rodríguez Pardo destacó que "Este Proyecto de Ley limita significativamente la figura del reaseguro, que es la que le permite a las compañías aseguradoras el poder seguir la práctica mundial de asumir mayores riesgos apoyándose en la fortaleza de los reaseguradores nacionales e internacionales, tomando en cuenta que los proyectos de infraestructura y las catástrofes requieren de coberturas de gran magnitud".

Los asegurados y no asegurados venezolanos deben entender que, de aprobarse el PLAA, se afectará directamente a la población porque "Se disminuirá la oferta de reaseguro y también el acceso a los escasos proveedores de reaseguro que aún operan en el mercado local. Esto significa que se dejará sin apoyo financiero a muchas empresas de seguros privadas y públicas, y por ende, se limitará significativamente la capacidad del Estado y de las compañías de atender catástrofes de gran magnitud que puedan afectar a todos los venezolanos", aseveró la Presidenta Ejecutiva.

La Cámara de Aseguradores de Venezuela hace un llamado a la población en general para que entienda el gran impacto de esta ley y cita el ejemplo del siniestro catastrófico que significó el reciente Terremoto de Chile, el cual implicó indemnizaciones por parte del sector asegurador de un monto cercano a los US$ 8.000 millones de un total aproximado a los US$ 30.000 millones, "los cuales fueron reconocidos y cubiertos en su gran mayoría por las mismas empresas reaseguradoras a las que este nuevo Proyecto de la Ley les estaría limitando el acceso en Venezuela" explicó la Presidenta Ejecutiva.

Asimismo, Rodríguez Pardo indicó que "tener acceso a esta capacidad de cobertura de reaseguro es fundamental, ya que por las magnitudes e impredecibles impactos de los riesgos catastróficos éstas no pudieran ser cubiertas ni siquiera por el Estado. Esto es una realidad a nivel mundial de la que Venezuela no se escapa. En la vaguada de Vargas en 2005, el sector asegurador respondió con un alto porcentaje de las pérdidas económicas y con esta nueva normativa este tipo de cobertura se reducirá desprotegiendo a todos los venezolanos".

La Cámara de Aseguradores de Venezuela reitera que no ha sido oficialmente consultada sobre esta segunda versión del Proyecto de Ley, la cual fue publicada por la AN apenas el 21 de abril en su página web, por lo que la CAV considera que debido a las implicaciones de este nuevo proyecto, y siendo la actividad aseguradora de alta especialización técnica, es fundamental que se realice una consulta con todos los actores principales. 

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