La Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) advierte a la colectividad sobre las prohibiciones que contempla el actual Proyecto de Ley de la Actividad Aseguradora (PLAA), el cual contradice su objetivo de facilitar los seguros a todos los venezolanos, “ya que limitan las redes de amplia distribución y de bajos costos y el acceso de los asegurados al financiamiento, incrementa los costos de los seguros y pone en riesgo los criterios de viabilidad técnica que garantizan la verdadera protección de los asegurados”, indicó Alesia Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela.

Según la CAV, a esto se suma la alta discrecionalidad de esta normativa, en lo que respecta a la creación de seguros solidarios y obligatorios, lo que va en contra de la calidad de los servicios que recibirán los asegurados, quienes hasta ahora tienen acceso a servicios de la mayor calidad, a los cuales no pudieran tener o sería difícil y más costoso acceder, si no estuvieran asegurados.

Rodríguez Pardo expresó que el sector asegurador nacional está de acuerdo en que no se debe condicionar a los venezolanos a la compra de seguros atados obligatoriamente a otros productos (como servicios bancarios o vehículos), sin embargo “el asegurado debería contar con mayores opciones y el Estado no debería limitar el acceso a los seguros a través de diferentes redes de distribución y canales de acceso masivos, tales como la banca, entre otros; porque gracias a su alcance nacional y facilidades de pago financiado, llevan el seguro a un mayor número de venezolanos”.

Según investigaciones técnicas de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, a través de la red de distribución bancaria, desde el año 2000 se han beneficiado más de 3 millones de nuevos asegurados, de los cuales el 60% pertenecen a los sectores socioeconómicos D y E. Y se han pagado más de Bs. 95.000 MM en indemnizaciones y prestaciones por los riesgos protegidos.

“Las compañías de seguros no son sustituidas por la banca en la realización de operaciones de seguros. Son las propias compañías aseguradoras quienes se hacen presentes en las agencias, sucursales y puntos de ventas, y comercializan los productos de seguros, aprovechando en algunos casos los mecanismos de financiamiento negociados integralmente por la banca”, destacó Rodríguez Pardo.
Rodríguez Pardo reiteró que la Cámara de Aseguradores de Venezuela ha presentado al sector público el cúmulo de experiencias adelantadas desde 2006 con la iniciativa-CAV “Seguros al Alcance de Todos”, gracias a la cual las aseguradoras del país han profundizado la oferta de seguros, dirigidos a aquellos venezolanos que antes no tenían acceso a los mejores proveedores disponibles. El éxito de este trabajo del sector se evidencia en que aproximadamente el 20% de la población de bajos ingresos ahora expresa estar asegurada, cuando en el pasado no lo estaba.

Adicionalmente Rodríguez Pardo explicó que para llevar el seguro a personas de bajos ingresos, la experiencia mundial y los estudios de la CAV demuestran que “es necesario fraccionar las primas y disponer de canales alternos -que por sus bajos costos y dispersión geográfica- permiten llevar los seguros a la mayoría de venezolanos, aspecto que en el proyecto ley está prohibido”.

Según el PLAA, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora tendrá la potestad de determinar qué seguros se consideran obligatorios, las condiciones de las pólizas y sus tarifas, así como la composición y manejo del riesgo. “Esto muestra la excesiva discrecionalidad de esta norma, la cual atenta contra la calidad de los seguros y coarta la libre competencia del sector, afectando las opciones para los asegurados. Finalmente debe entenderse que este órgano regulador no cuenta con la información técnica y dinámica que se requiere para realizar los cálculos ajustados al comportamiento de los riesgos que se cubren,” destacó Rodríguez.

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